Cuando una ley, civil o eclesiástica, es promulgada, produce formalmente una obligación moral, según enseñan los Maestros del Siglo de Oro. Y a veces impone después una pena contra los transgresores, a fin de que por el miedo a la pena procuren observarla mejor. El problema que entonces surge es si esta pena añadida a la ley quita o no la obligación de observarla; y si el súbdito, al quebrantar la ley, se hace sólo reo de pena o es, además, reo de una transgresión moral.

Azpilcueta –insisto– afirmaba que ninguna ley, al serle añadida una sanción penal, obligaba moralmente a cumplirla, sino que bastaba sólo el exponerse, con su quebrantamiento, al peligro de la pena impuesta8.

Domingo de Soto reaccionó vivamente contra esa opinión, argumentando que el poder, tanto eclesiástico como civil, puede establecer una ley que obligue al transgresor bajo culpa grave, aunque tal ley imponga también penas contra el transgresor. Por lo tanto, Soto afirma que el poder –eclesiástico o civil– puede establecer una ley puramente moral que obligue bajo culpa grave, y también puede añadir al mismo tiempo el gravamen de la sanción penal; pero la imposición de la pena no suprime ni altera la obligatoriedad moral de la ley.

Soto plantea, como casi todos los tratadistas anteriores, dos cuestiones importantes. Primera, si la ley humana puede obligar en conciencia a los súbditos. Segunda, si puede obligar simultáneamente a culpa y a pena.

Véase: Proyección de la ley natural en las leyes penales